El origen del proceso revolucionario fue el rechazo a la actitud política de los distintos gabinetes presididos por dirigentes del Partido Radical (el propio Lerroux, Diego Martínez Barrio y Ricardo Samper). Esos gabinetes fueron formados a raíz de la derrota electoral sufrida en noviembre de 1933 por las fuerzas políticas de izquierda (los partidos republicanos próximos a Manuel Azaña, así como el Partido Socialista Obrero Español) que habían gobernado durante los dos primeros años de la II República y cuya obra reformista fue rectificada por dichos gobiernos radicales.
El 5 de octubre, tras la mencionada entrada de los tres nuevos ministros pertenecientes a la CEDA, en muchas ciudades se convocó como protesta una huelga general, que fue seguida de manera desigual. Asturias y Cataluña fueron los núcleos más importantes del movimiento. En Asturias adquirió un cariz revolucionario, llegando los insurrectos a asumir funciones básicas del Estado: abolición de la moneda y de la propiedad privada, control de la producción y abastecimientos, formación de un ejército proletario. La Alianza Obrera, integrada en Asturias por todas las fuerzas de izquierda (socialistas, comunistas y anarquistas), dirigió el movimiento, que tuvo como centros de irradiación las zonas mineras de Mieres, Sama y La Felguera (estas dos últimas, pertenecientes al municipio de Langreo) y culminó con el dominio de casi toda la ciudad de Oviedo, excepto algunos focos gubernamentales como la catedral, el Gobierno Civil y el cuartel de Pelayo.
El gobierno envió a Oviedo al general Eduardo López Ochoa, quien entre los días 10 y 17 de octubre tomó la ofensiva y consiguió la rendición de los revolucionarios asturianos el día 19. El general Francisco Franco había propuesto al ministro de la Guerra, Diego Hidalgo Durán, de quien actuaba como asesor, el envío de la Legión y aconsejó que el teniente coronel Juan Yagüe la dirigiese, como así fue, a partir del día 7. El número de víctimas de la revolución de Asturias llegó a 71, pero el de represaliados fue muy superior: algunos de aquéllos incluso fueron fusilados sin instrucción de causa. Entre los principales detenidos se encontraban los socialistas Ramón González Peña (destacado dirigente minero de la Unión General de Trabajadores en Asturias) y Francisco Largo Caballero.
En Cataluña, la actitud del gobierno presidido por Lerroux en contra de la Ley de Contratos de Cultivo, aprobada por el Parlamento catalán, precipitó la participación del gobierno de la Generalitat en el movimiento revolucionario. El 6 de octubre, el presidente Lluís Companys proclamó el Estat Català dentro de la República Federal española. Los dirigentes nacionalistas desconfiaban de la Alianza Obrera, que no fue armada y, además, la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) no se sumó al movimiento, lo cual facilitó la represión de los insurrectos a manos de las tropas del general Domingo Batet: el 7 de octubre el gobierno de la Generalitat era detenido y se suspendía el Estatuto de Autonomía catalán. Asimismo resultó encarcelado el propio Azaña, que en aquellas fechas, sin conexión con la sublevación pero acusado de instigador, se encontraba en Cataluña.
En toda España murieron 1.335 personas, de las cuales más de un millar eran revolucionarios. Muchos obreros fueron detenidos: se calcula que en total hubo 30.000 presos. La dura represión debilitó la alianza de gobierno del Partido Radical con la CEDA. La solicitud de amnistía para los obreros encarcelados fue una de las consignas electorales de la coalición izquierdista llamada Frente Popular, que venció en los comicios de febrero de 1936. Estos sucesos revolucionarios, así como la represión de los mismos, se encuentran entre las causas que acabarían por desembocar si no en la Guerra Civil (1936-1939) sí en la comisión por ambos bandos de actos de crueldad, especialmente en la retaguardia, durante el conflicto
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